Javier Serrano, empresario vinculado a Víctor de Aldama y uno de los perfiles clave en la estructura de los denominados «cuatro mosqueteros», se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en el marco del juicio por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Serrano ha rechazado igualmente ratificar la declaración que prestó ante el Tribunal Supremo el 2 de abril del año pasado, lo que ha provocado una breve interrupción en la sesión para que los magistrados deliberasen sobre el procedimiento a seguir.
Tras la pausa, el tribunal ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares para que se proceda a la audición de la declaración grabada de Serrano durante la fase de instrucción. Los magistrados han fundamentado esta decisión al considerar que la negativa a validar su testimonio previo supone una «diferenciación con lo manifestado en fase de investigación», lo que hace necesaria la reproducción de sus palabras para el esclarecimiento de los hechos.
Serrano está señalado por los investigadores como una pieza fundamental en el complejo entramado diseñado para despatrimonializar los bienes de Víctor de Aldama en España. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el empresario formaba parte de un grupo de confianza que utilizaba la mercantil Pronalab, con sede en República Dominicana, para canalizar fondos y dificultar la trazabilidad de los beneficios obtenidos a través del negocio de los suministros sanitarios.
En sus testimonios anteriores ante el Tribunal Supremo, Serrano reconoció haber facilitado pagos en efectivo en la isla caribeña a Joseba García, hermano de Koldo García, por una cuantía aproximada de 20.000 dólares. Esta versión contradice la declaración ofrecida por Joseba García la semana pasada, quien afirmó que sus viajes a República Dominicana tenían motivaciones estrictamente personales y de carácter comercial relacionado con el sector de la fruta, negando cualquier recepción de sobres con dinero en efectivo.
La investigación también ha puesto el foco en la expansión de las actividades de Serrano hacia la realización de pruebas PCR en diversas administraciones autonómicas. Aunque algunas regiones como La Rioja rechazaron sus ofertas, el grupo logró cerrar contratos por valor de 5,3 millones de euros en Canarias y 1,1 millones en Baleares. Las comunicaciones intervenidas sugieren que los implicados habrían gestionado estos acuerdos bajo la premisa de contar con la aprobación de altos cargos ministeriales de la época.
Durante la sesión de este lunes, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha hecho hincapié en diversos mensajes de audio y evidencias gráficas, incluyendo fotografías de fajos de billetes, que vinculan a Serrano con la logística financiera de la trama. A pesar de sus intentos previos por desvincularse de la gestión directa de las mascarillas, los informes técnicos de la Guardia Civil lo sitúan en el núcleo de la toma de decisiones económicas del grupo investigado en la Audiencia Nacional.
