El Consejo de Estado avala la regularización de extranjeros pero advierte una «laguna» en su impacto presupuestario
El Consejo de Estado ha emitido su dictamen favorable al proyecto de real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, aunque con importantes salvedades técnicas y procedimentales. El órgano consultivo ha calificado de «laguna llamativa» la ausencia de un análisis detallado sobre el impacto presupuestario de la medida en la memoria económica, donde el Ejecutivo se limitaba a señalar que el coste de la operación se encuentra actualmente «objeto de estudio».
En su informe, al que ha tenido acceso la prensa, el organismo subraya que la magnitud del proceso de gestión administrativa será «compleja y masiva». Por ello, considera sorprendente que no se haya cuantificado el gasto público asociado a la tramitación y resolución de las solicitudes, especialmente ante el desafío que supone el diseño de los nuevos procedimientos, los cuales, según el dictamen, requieren ser «repensados y revisados» para garantizar su eficacia.
Uno de los puntos críticos del dictamen se refiere a la seguridad jurídica de los solicitantes. El Consejo de Estado ha formulado una objeción de carácter «esencial» contra la disposición que pretendía paralizar la tramitación de la protección internacional en curso al solicitar el arraigo. El órgano exige la supresión de este apartado para evitar situaciones de indefensión y desamparo legal durante el tiempo que dure el nuevo procedimiento de regularización.
Respecto a la acreditación de la ausencia de antecedentes penales, el dictamen rechaza el uso de «declaraciones responsables» que contemplaba el borrador original. El Consejo de Estado argumenta que recurrir a esta fórmula en un proceso de tal envergadura es una técnica «inadecuada» que podría relajar la diligencia exigible y abrir la puerta a prácticas irregulares. En su lugar, insta al Gobierno a exigir documentación oficial o certificados equivalentes, dejando el procedimiento en suspenso hasta su aportación efectiva.
El texto también incluye reproches sobre la técnica legislativa empleada, señalando un «desorden y falta de sistemática» en la estructura de la norma. El órgano consultivo critica el uso de disposiciones transitorias para articular lo que en la práctica es un régimen jurídico nuevo y sugiere que hubiera sido «recomendable» recabar un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dado el volumen de información personal que será objeto de tratamiento.
En el plano institucional, el Consejo de Estado ha pedido al Gobierno evitar vincular formalmente este reglamento con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) actualmente en tramitación parlamentaria. Según el dictamen, no es exacto afirmar que la norma sea una respuesta directa a dicha demanda social, por lo que recomienda separar nítidamente ambos ámbitos normativos para evitar confusiones sobre las competencias y el origen de la regulación.
Tras la recepción del dictamen, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha confirmado que ya trabaja en la incorporación de las recomendaciones para proceder a la aprobación del Real Decreto «lo antes posible». El Ejecutivo ha precisado que la protección internacional se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva del permiso de residencia y ha avanzado que se definirá como situación de vulnerabilidad a aquellas personas que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y acumulen cinco meses de irregularidad.
Finalmente, el dictamen también plantea dudas operativas sobre la capacidad de organismos como Correos y la empresa pública Tragsa para absorber la carga de trabajo prevista. El Consejo de Estado advierte que la colaboración de Tragsa debe limitarse estrictamente a tareas instrumentales de gestión documental, sin interferir en las potestades administrativas de resolución que corresponden a la Administración General del Estado.
