El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y malversación. Esta resolución judicial, que también afecta a su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, ha generado una reacción inmediata de rechazo por parte del Ejecutivo y de la dirección nacional del PSOE, quienes califican el proceso de «persecución política».
La decisión del magistrado se produce en un contexto de alta tensión institucional y coincide con el viaje oficial del presidente Pedro Sánchez a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la ONU. Desde el Gobierno y la sede socialista de Ferraz se ha denunciado que la instrucción es «arbitraria e injusta», señalando además que el magistrado, cuya jubilación está prevista para el próximo 27 de septiembre, estaría actuando bajo motivaciones ajenas al ámbito estrictamente jurídico.
El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha manifestado que el auto de Peinado carece de fundamentos técnicos sólidos, afirmando que el magistrado se ha comportado como un «activista contra Pedro Sánchez». En la misma línea, la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha cuestionado la idoneidad de un jurado popular para este caso, argumentando que la exposición mediática y política de los últimos dos años dificulta que los ciudadanos seleccionados acudan al proceso sin ideas preconcebidas.
Por su parte, la Secretaría de Organización del PSOE, encabezada por Rebeca Torró, ha elevado el tono institucional al calificar la apertura del juicio como el «último servicio» del juez antes de su retiro. Desde Moncloa han reiterado su plena confianza en la inocencia de Begoña Gómez, asegurando que durante toda la causa ha quedado demostrada la inexistencia de irregularidades y que confían en que el proceso judicial termine ratificando esta postura.
Este nuevo choque con la judicatura se suma al conflicto abierto con el Tribunal Supremo a raíz de la suspensión cautelar de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «ley de nietos». El Alto Tribunal considera que otorgar el derecho al sufragio de forma inmediata a estos nuevos ciudadanos podría comprometer la transparencia del proceso electoral, una tesis que el Ejecutivo rechaza tajantemente.
El presidente del Gobierno ha calificado de «hecho muy grave» la decisión del Supremo, que podría afectar a cerca de 400.000 ciudadanos. En respuesta, el PSOE ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre su militancia para ejercer presión institucional, mientras ministros como Óscar López o Félix Bolaños han tildado la medida de «atropello democrático» y han instado a los magistrados a resolver el fondo de la cuestión antes de los próximos ciclos electorales previstos para el próximo año.
La confluencia de ambos escenarios judiciales —el caso que afecta al entorno del presidente y la suspensión del voto CERA— ha reactivado el discurso del Partido Socialista sobre el «lawfare» o judicialización de la política. Los dirigentes consultados sostienen que existe un sector de la magistratura que busca interferir en la acción de gobierno, lo que sitúa la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en uno de sus puntos más críticos de la legislatura.
