El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que anula las medallas de plata pensionadas concedidas por el Ministerio del Interior a ocho altos mandos de la Policía Nacional con motivo de su jubilación. El fallo estima la demanda interpuesta por la Confederación Española de Policía (CEP) al considerar que las distinciones no se ajustan a los requisitos legales exigidos para este tipo de recompensas económicas.
La resolución judicial afecta a exjefes superiores de Andalucía Oriental, Navarra, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana, así como a antiguos responsables de las divisiones de Policía Judicial, Logística y Personal. Según el tribunal, la concesión de estas medallas, que conllevan un incremento vitalicio del 15 % en la pensión de jubilación —equivalente a unos 3.000 euros anuales—, se ha realizado sin acreditar los méritos extraordinarios, de riesgo o sacrificio que establece la normativa vigente.
Los magistrados subrayan en el dictamen que la legislación distingue claramente entre las cruces con distintivo blanco, que reconocen una trayectoria meritoria sin compensación económica, y las medallas de plata o cruces con distintivo rojo. Estas últimas exigen de forma ineludible la acreditación de un hecho concreto, de carácter excepcional o de riesgo extremo. En el caso analizado, la sentencia señala que Interior ha utilizado una valoración genérica de la trayectoria profesional ordinaria para otorgar un beneficio económico extraordinario.
La resolución es especialmente crítica al identificar lo que denomina un «patrón institucional sistemático» iniciado en el año 2020. De acuerdo con el fallo, la Administración ha tendido a proponer y adjudicar estas distinciones a la práctica totalidad de los miembros salientes de la Junta de Gobierno y jefes superiores al alcanzar el retiro, lo que el tribunal define como una «desviación de poder» al utilizar una potestad discrecional para gratificar financieramente la jubilación de la escala superior.
El fallo judicial incide en que este modo de proceder «desnaturaliza» la potestad de fomento y quiebra el mandato constitucional de objetividad. Al no existir una relación de hechos que justifiquen la excepcionalidad exigida por la norma, la Audiencia Nacional concluye que se ha producido una confusión deliberada de supuestos legales para sortear los límites establecidos por el legislador.
Por su parte, la Confederación Española de Policía ha valorado positivamente la decisión judicial, sosteniendo que las recompensas de mayor rango deben responder exclusivamente al sacrificio y al mérito operativo. Según el sindicato, esta sentencia garantiza que las condecoraciones pensionadas no se conviertan en premios automáticos por jerarquía, preservando así la integridad del sistema de promoción y reconocimiento dentro de la Policía Nacional.
