Las autoridades de Maldivas decretan la deportación y prohibición de entrada por diez años a la empresaria Ana Hernández Sarriá
El Departamento de Inmigración de la República de Maldivas ha resuelto la deportación y la prohibición de entrada al país durante la próxima década de la empresaria e influencer española Ana Hernández Sarriá. La medida, oficializada mediante una resolución firmada en mayo de 2025, responde a denuncias por el ejercicio de actividades económicas sin las autorizaciones pertinentes en la isla de Maafushi, así como a diversos conflictos legales con sus antiguos socios locales.
La decisión administrativa se produce en un contexto de litigio con la firma local Shadow Palm Maldivas, empresa para la cual la ciudadana española prestó servicios hasta el año 2024. Según el propietario de la compañía, Ali Razzan, la influencer adeuda facturas por un importe aproximado de 117.000 dólares. Asimismo, las autoridades investigan la presunta sustracción de bienes muebles —incluyendo mobiliario y equipamiento hotelero— que habría tenido lugar tras la ruptura de la relación laboral.
Uno de los puntos centrales de la controversia radica en la explotación comercial de la marca «Entre Azules», título homónimo del libro publicado por Hernández Sarriá tras ganar notoriedad durante la pandemia de COVID-19. Mientras que la empresaria utiliza dicho nombre para la organización de viajes de buceo y retiros, la dirección de Shadow Palm sostiene que la firma está registrada legalmente en Maldivas a nombre de la compañía local. Razzan ha denunciado que esta duplicidad operativa está generando complicaciones tributarias ante la administración maldiva, ya que los turistas continúan ingresando al país bajo una denominación cuya titularidad es objeto de disputa.
Los informes recabados señalan que la relación entre las partes comenzó a deteriorarse en enero de 2024, tras alcanzar un notable éxito comercial en la gestión de retiros turísticos. Según el testimonio de la contraparte maldiva, la Policía de Maafushi tuvo que intervenir durante la jornada de salida de la empresaria del establecimiento que gestionaba, impidiendo el traslado no autorizado de activos propiedad de la firma local. A pesar de los requerimientos de pago y la existencia de registros donde se habría reconocido la deuda pendiente, el saldo permanece sin liquidar.
Paralelamente a las acciones administrativas de Inmigración, la justicia local mantiene abiertas pesquisas por presuntas irregularidades en el cumplimiento del acuerdo suscrito entre Hernández Sarriá y sus socios, el cual otorgaba a la española el control operativo y la totalidad de los beneficios del hospedaje a cambio de la gestión de servicios y excursiones por parte de la empresa maldiva.
Hasta la fecha, la empresaria, que cuenta con una base de seguidores superior a las 300.000 personas en redes sociales, no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones ni a los requerimientos de información. La resolución de expulsión subraya el endurecimiento de la vigilancia sobre las actividades empresariales extranjeras no reguladas en el archipiélago asiático.
