El Instituto de Política Social (IPSE) ha anunciado la interposición de una querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre. La acción legal se fundamenta en los presuntos delitos de alta traición y prevaricación en relación con la gestión del asalto fronterizo ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Pablo Hertfelder, presidente de la asociación civil, sostiene que la responsabilidad del titular de Interior fue determinante durante la entrada masiva de personas. Según la organización, el Ministerio habría omitido la adopción de medidas de refuerzo necesarias a pesar de contar con información previa sobre la situación, lo que situaría a los querellados como los máximos responsables jerárquicos de la falta de respuesta institucional ante los acontecimientos.
La querella, dirigida por la letrada María Juher, subraya que la ausencia de unidades policiales adicionales facilitó el desbordamiento de la frontera. Hertfelder ha manifestado que la investigación judicial debe esclarecer por qué no se enviaron los refuerzos pertinentes, aludiendo además a la existencia de material gráfico y testimonios que evidencian la tensión vivida entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante aquellas jornadas de crisis migratoria.
Desde el IPSE se ha desestimado centrar la responsabilidad exclusivamente en la Delegación del Gobierno en Ceuta. La asociación fundamenta este argumento en las declaraciones del exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano, quien tras abandonar su cargo señaló que el Ministerio del Interior fue informado «en los días previos» sobre la inminencia del asalto. Según Pérez Triano, se habrían trasladado avisos basados en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitando el despliegue de todos los recursos disponibles, incluida la intervención del Ejército.
La asociación civil ha confirmado que la querella ha sido preparada durante los últimos dos meses y será presentada formalmente ante los medios de comunicación el próximo martes. El equipo jurídico de la entidad no descarta ampliar las acciones legales contra otros miembros del Ejecutivo o de organizaciones no gubernamentales si el desarrollo de la instrucción judicial determina una posible implicación en los hechos denunciados.
Finalmente, el Instituto de Política Social ha adelantado que, en caso de que el Tribunal Supremo no admita a trámite la denuncia, agotarán la vía judicial mediante recursos ante el Tribunal Constitucional. Esta iniciativa legal se suma a las diligencias ya abiertas en la Audiencia Nacional por la magistrada María Tardón, quien investiga el papel de otros cargos de la Administración en la cadena de mando durante los sucesos de julio.
