El Tribunal Superior del País Vasco anula el decreto de normalización del euskera por falta de memoria económica
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado la nulidad del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector público vasco. La sentencia estima el recurso interpuesto por la formación Vox al considerar que la norma incurrió en un vicio procedimental debido a la «insuficiencia de la memoria económica», un requisito técnico imprescindible para la validez de las disposiciones de carácter general.
El tribunal fundamenta su decisión en que la memoria económica que acompañaba al proyecto no cumplía con su finalidad de evaluar de forma objetiva y técnica las repercusiones financiero-económicas de la regulación. Según la resolución, el documento no justificaba el respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Para llegar a esta conclusión, la Sala ha considerado decisivo el informe de la Oficina de Control Económico, un órgano independiente que advirtió sobre la ausencia de una estimación efectiva de los costes derivados de la implementación de los instrumentos de planificación lingüística.
La anulación del decreto afecta también a la creación de la Comisión de Coordinación (HAKOBA), órgano diseñado para supervisar la aplicación de la norma. El decreto ahora anulado pretendía regular el uso de las lenguas oficiales en diversos ámbitos de la administración, tales como la tramitación de subvenciones, el acceso a concursos públicos y los requisitos lingüísticos para puestos de funcionario. El tribunal subraya que los informes favorables emitidos durante la elaboración del decreto carecían de la motivación necesaria y no daban respuesta a los reparos técnicos planteados por la Oficina de Control Económico.
Pese a la estimación del recurso por motivos económicos, el TSJPV ha rechazado el resto de las alegaciones presentadas por Vox. El tribunal ha desestimado las impugnaciones relativas a la presunta vulneración de los artículos constitucionales sobre la cooficialidad de las lenguas y el principio de igualdad ante la ley. La Sala califica estos argumentos de «genéricos» y «difusos», señalando que la parte recurrente no especificó qué artículos concretos del decreto lesionaban tales derechos fundamentales.
Esta resolución judicial no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La sentencia se produce en un contexto de complejidad jurídica tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir una cuestión de inconstitucionalidad previa, planteada por el propio TSJPV, sobre la Ley de Empleo Público Vasco, al considerar que no se cumplieron debidamente los requisitos procesales para su planteamiento.
