El presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones a partir del mes de septiembre en sectores estratégicos como Educación, Sanidad, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y Correos. Esta decisión, según ha explicado el líder sindical, responde al deterioro de los servicios públicos derivado de la inestabilidad política y la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), factores que están impidiendo la eliminación de la tasa de reposición y la mejora de las plantillas.
Borra ha calificado la situación de las administraciones públicas como crítica debido a lo que denomina una «excesiva politización» de los cuadros directivos. En este sentido, el representante de los funcionarios ha lamentado que la gestión pública se vea afectada por intereses partidistas, señalando que algunos responsables políticos actúan como si las instituciones fueran su «cortijo particular». Desde el sindicato se propone que los puestos hasta el nivel de director general sean ocupados exclusivamente por personal de carrera administrativa para garantizar la neutralidad y eficacia técnica del Estado.
En materia de transparencia y lucha contra el favoritismo, el presidente de CSIF ha recordado la intervención del sindicato en casos de presuntas irregularidades, destacando que fue un representante de su organización quien denunció la creación innecesaria del puesto de trabajo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Borra ha instado a los empleados públicos a solicitar instrucciones por escrito ante cualquier duda sobre la legalidad de las órdenes recibidas, una medida de protección que ya se impulsó durante el conflicto institucional en Cataluña.
Respecto a la situación sectorial, el sindicato subraya el colapso de la Seguridad Social y el SEPE, donde los expedientes de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital pueden demorarse hasta un año por falta de personal. En el ámbito sanitario, Borra ha denunciado el incumplimiento de los acuerdos previos por parte del Ministerio de Sanidad, mientras que en Educación reclama la equiparación salarial entre comunidades autónomas y que las lenguas cooficiales se consideren un mérito y no un requisito excluyente para el acceso a la función pública.
La crisis de gestión también se extiende, según el sindicato, a la empresa pública Correos, donde denuncian un bloqueo en las negociaciones sobre la jornada de 35 horas y mejoras retributivas. Asimismo, Borra ha criticado la gestión de los servicios de extinción de incendios, señalando que la falta de medios materiales, como hidroaviones, y la temporalidad de las cuadrillas forestales —que son despedidas al finalizar el verano— lastran la capacidad de prevención y respuesta del Estado ante las emergencias ambientales.
Finalmente, desde CSIF se ha hecho un llamamiento al Gobierno para que retome la interlocución directa con los representantes de los trabajadores. El sindicato insiste en que la falta de dotación de medios técnicos y humanos ante procesos como la regularización extraordinaria de inmigrantes o la tramitación de la «ley de nietos» en los consulados está llevando al límite la capacidad operativa de los empleados públicos, quienes, aseguran, son los primeros garantes de los derechos ciudadanos frente a la desidia administrativa.
