La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este viernes la integridad del Ejecutivo central al asegurar que «no hay ninguna causa que afecte al Gobierno» en materia de corrupción. Durante una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), la titular de Sanidad ha subrayado la necesidad de diferenciar entre la acción institucional del Gabinete y las responsabilidades orgánicas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
García ha precisado que las explicaciones requeridas sobre los recientes casos que salpican a la esfera socialista corresponden a Pedro Sánchez en su condición de secretario general del PSOE y no como presidente del Gobierno. En este sentido, ha calificado la gestión del actual Ejecutivo como «transformadora, solvente, honesta y limpia», contraponiendo esta labor institucional a la crisis interna que atraviesa el socio mayoritario de la coalición.
En referencia a la situación judicial de exdirigentes socialistas, la ministra se ha distanciado de la figura del exministro José Luis Ábalos, recordando que ella nunca coincidió con él en el Consejo de Ministros. García ha reconocido que el PSOE «tiene que hacer más dentro de Ferraz», aunque ha reivindicado el papel de la «izquierda transformadora» como motor de las políticas progresistas y garante de la ética pública dentro de la coalición gubernamental.
La titular de Sanidad también ha valorado el impacto de la corrupción en el electorado, afirmando que estos casos generan una mayor desafección entre los votantes progresistas. Asimismo, ha rechazado la «equidistancia» en el debate político y ha cuestionado cómo habría sido la gestión de los fondos europeos Next Generation bajo una administración del Partido Popular, aludiendo a los antecedentes judiciales de exministros de etapas anteriores como Cristóbal Montoro o Jorge Fernández Díaz.
En el ámbito estrictamente sectorial, la ministra se ha pronunciado sobre el conflicto abierto con los profesionales sanitarios y las reivindicaciones de los sindicatos médicos. García ha recordado que la competencia de gestión recae primordialmente en las comunidades autónomas, instando a los gobiernos regionales a asumir su responsabilidad: «No se pueden descentralizar competencias y centralizar culpas», ha aseverado.
Finalmente, respecto a las demandas de jubilación anticipada para el sector médico, la ministra ha tendido la mano al diálogo, aunque ha advertido de los límites legales y competenciales de su departamento. Si bien ha admitido que el actual Estatuto Marco requiere actualizaciones, ha dejado claro que el Ministerio de Sanidad no sobrepasará el ordenamiento jurídico vigente para implementar cambios que no son de su directa competencia.
