Nace el Pacto de los Alcaldes por la Protección de los Suelos Vivos para salvaguardar el patrimonio agrario
La ciudad de Murcia ha acogido este martes el lanzamiento oficial del «Pacto de los Alcaldes por la Protección de los Suelos Vivos», una iniciativa de vocación europea impulsada desde el ámbito municipal para reforzar la seguridad jurídica y la preservación de los suelos agrarios de alto valor productivo. El proyecto busca establecer un marco de ordenación del territorio que equilibre el desarrollo económico con la protección de los recursos estratégicos necesarios para la soberanía alimentaria y la estabilidad del sector primario.
El encuentro, denominado «Alcaldes por el Campo: Protección del Territorio Rural», ha contado con la participación inicial de los regidores de Pilar de la Horadada, José María Pérez, y de Dolores, Joaquín Hernández. Ambos mandatarios han suscrito la iniciativa al considerar que el suelo fértil representa un activo crítico para el sostenimiento del empleo rural y la lucha contra la despoblación, factores que, según argumentan, deben prevalecer en la agenda institucional ante la ausencia de normativas específicas de protección agrológica.
Desde la organización del evento, impulsado por la Asociación Legados con el apoyo de Desayunos del Campo, se ha destacado que este pacto constituye una herramienta voluntaria para que las administraciones locales hagan frente a amenazas como la especulación, la implementación de infraestructuras sobredimensionadas o los usos temporales de suelo que terminan por consolidarse. La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha señalado durante la mesa redonda la necesidad de corregir las deficiencias en la ordenación territorial que permiten el menoscabo de terrenos de alta productividad.
Uno de los puntos centrales del debate ha sido la coexistencia entre la transición energética y la preservación del suelo. El alcalde de Dolores ha cuestionado la actual tendencia de instalar plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas fértiles en lugar de priorizar cubiertas urbanas o superficies industriales. En este sentido, los representantes municipales han hecho un llamamiento a las autoridades competentes para reconocer las limitaciones legislativas actuales y dotar a los ayuntamientos de mayor capacidad de maniobra en la gestión de sus recursos naturales.
En el ámbito jurídico, expertos en urbanismo como Manuel Fernández y Ana Rocío Ruiz han analizado los instrumentos legales disponibles, tales como los Planes Especiales. Según los especialistas, estas herramientas de ordenación deben complementar a los Planes Generales (PGOU) para blindar áreas concretas frente a los desarrollos energéticos o comerciales que ignoren el valor agrológico del suelo. La tesis técnica sostiene que el valor del suelo no debe medirse únicamente por su potencial de edificación, sino por su capacidad productiva y ambiental.
Finalmente, la iniciativa subraya el carácter intergeneracional de la protección de los suelos fértiles. Los promotores del pacto sostienen que la gestión actual del territorio determinará la capacidad de las próximas generaciones para mantener un sector primario competitivo y autónomo. El Pacto de los Alcaldes queda abierto a nuevas adhesiones de municipios españoles con el objetivo de elevar esta preocupación a las instituciones europeas y consolidar una normativa que armonice el progreso industrial con la conservación del patrimonio rural.
