La presidenta del CGPJ advierte de la «extraordinaria gravedad» de las acusaciones de lawfare contra los jueces

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha calificado este jueves de «extraordinaria gravedad» las acusaciones de «lawfare» dirigidas contra los jueces y tribunales. Durante su intervención en el solemne acto de apertura del Año Judicial, Perelló ha subrayado que señalar a los magistrados por operar bajo motivaciones políticas en lugar de criterios técnicos y jurídicos supone un ataque directo a la independencia judicial y al Estado de derecho.

En su discurso institucional, la máxima autoridad del órgano de gobierno de los jueces ha advertido que estas descalificaciones revisten una importancia mayor cuando proceden de quienes «ejercen responsabilidades institucionales». Perelló ha enfatizado que sugerir que la justicia actúa con sesgo político no solo es inadmisible como forma de presión, sino que puede implicar la atribución de una «conducta delictiva» a los miembros de la carrera judicial.

La presidenta ha hecho un llamamiento a la «lealtad institucional», recordando que el respeto a la labor de los tribunales es una pieza fundamental de la arquitectura democrática. «No se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes», ha reiterado ante la presencia de las principales autoridades del Estado, instando a que el poder legislativo y el ejecutivo respeten la autonomía del Poder Judicial como contrapeso necesario.

Asimismo, Perelló ha reconocido que la discrepancia y el desacuerdo son elementos naturales de la convivencia en democracia, si bien ha matizado que estas críticas deben mantenerse dentro de los márgenes del respeto a las funciones que la Constitución asigna a cada poder. En este sentido, ha recordado que la labor de los jueces debe ser respetada incluso ante las resoluciones más controvertidas para salvaguardar la estabilidad del sistema.

Finalmente, la magistrada ha recordado que el ejercicio de la jurisdicción conlleva una alta cuota de responsabilidad por parte de los jueces, quienes deben desempeñar su tarea con rigor y sometimiento pleno a la ley. El acto de este jueves supone la puesta en marcha oficial del curso jurídico bajo la presidencia de Perelló, en un contexto marcado por la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la reivindicación de su autonomía frente a las presiones externas.