El entorno de Puigdemont analiza los escenarios jurídicos para su regreso tras el aval del TJUE a la amnistía
Tras el reciente pronunciamiento de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determina que la Ley de Amnistía española no vulnera los intereses financieros de la Unión ni la normativa vigente sobre terrorismo, la estrategia jurídica de Carles Puigdemont se centra ahora en la respuesta de los tribunales nacionales. El entorno del expresident considera que el fallo europeo despeja el camino para su retorno, aunque este queda supeditado a los movimientos que realicen el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en las próximas semanas.
Fuentes conocedoras de la situación apuntan a tres posibles itinerarios procesales. El primero contempla una aceptación inmediata del dictamen del TJUE por parte del Tribunal Supremo, aplicando una doctrina de obligado cumplimiento de forma análoga a lo ocurrido en precedentes como la doctrina Parot. El segundo escenario baraja la posibilidad de que el alto tribunal interponga nuevas cuestiones prejudiciales ante Europa con el fin de dilatar los tiempos de aplicación. No obstante, desde el sector jurídico de Junts se percibe esta opción como poco probable tras el posicionamiento de la Gran Sala.
La tercera vía sitúa el centro de gravedad en el Tribunal Constitucional. El órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido tiene pendiente la resolución de los recursos de amparo, una decisión que, de producirse de forma inmediata, podría precipitar el regreso de Puigdemont incluso antes de que el Supremo ejecute la aplicación de la norma. Si bien el calendario ordinario apunta hacia el mes de octubre, el sector más próximo al líder independentista presiona para que el Constitucional actúe con celeridad.
En el ámbito político, el análisis de los colaboradores de Puigdemont sugiere una reticencia por parte del Ejecutivo central respecto a los plazos de este posible regreso. Según estas fuentes, existe la percepción de que el Gobierno de Pedro Sánchez preferiría evitar la llegada del expresident en el actual contexto político, marcado por diversos frentes judiciales. El retorno de la figura principal de Junts se interpreta como un factor de inestabilidad potencial para el Gobierno de la Generalitat, encabezado por Salvador Illa, y para la cohesión de los apoyos parlamentarios del PSOE en el Congreso.
Desde Junts se mantiene oficialmente que no existe una negociación abierta con el PSOE para influir en los tiempos del Tribunal Constitucional a cambio de estabilidad legislativa o apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. La formación posconvergente sostiene que la resolución del TJUE otorga a Puigdemont una posición de fuerza jurídica suficiente para no depender de acuerdos políticos, limitándose a esperar que la justicia española adecue sus procedimientos al marco establecido por la corte europea.
Por su parte, el Gobierno mantiene una postura de respeto a los tiempos judiciales, aunque voces del gabinete, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han manifestado públicamente que el marco legal actual permitiría el regreso del político catalán sin dilaciones. Esta discrepancia en la interpretación de los tiempos y las voluntades políticas subraya la complejidad de una fase judicial que entra ahora en su etapa decisiva tras el aval de Luxemburgo a la legalidad de la amnistía.
