La gestión de informes sobre el caso máster y los indultos motivaron el relevo de María José Segarra en la Fiscalía General
La decisión del Ejecutivo de no renovar a María José Segarra al frente de la Fiscalía General del Estado en enero de 2020 estuvo vinculada a discrepancias de criterio en asuntos de alta relevancia política, según han señalado fuentes judiciales. Entre los factores determinantes para su salida se encuentran su aval al archivo de la causa contra Pablo Casado por el denominado «caso máster» y su posición inicial contraria a la concesión de indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña.
Segarra, que fue nombrada el 28 de junio de 2018 con el apoyo de la Unión Progresista de Fiscales, permaneció en el cargo apenas un año y medio. Su etapa concluyó tras las elecciones generales de noviembre de 2019, momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por no proponer su continuidad, sustituyéndola por la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, en febrero de 2020.
Uno de los episodios clave en la relación entre el Gobierno y la Fiscalía General fue la instrucción contra el entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En septiembre de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó no abrir causa penal contra el dirigente popular al no hallar indicios consistentes de prevaricación administrativa ni cohecho impropio. La decisión del Alto Tribunal se fundamentó en un informe del Ministerio Público que calificaba las acusaciones de la jueza instructora como basadas en «meras sospechas y conjeturas».
Dicho informe, redactado por la fiscalía madrileña en coordinación con el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, contó con el visto bueno de Segarra. Esta resolución jurídica, que supuso el cierre definitivo de la vía penal para Casado, habría generado malestar en el seno del Ejecutivo al considerar que se perdía una oportunidad de desgaste político contra el principal líder de la oposición.
A este escenario se sumó la postura de la Fiscalía General respecto a la situación de los líderes del «procés». La negativa de Segarra a facilitar los informes favorables a los indultos marcó una distancia técnica con la estrategia política de la Moncloa, que buscaba cauces de resolución para el conflicto catalán tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2019.
El debate sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado ha sido una constante durante la presente legislatura. En noviembre de 2019, el presidente Sánchez protagonizó una controversia pública al sugerir la dependencia de la institución respecto al Ejecutivo durante una entrevista radiofónica. Esta cuestión ha vuelto a la actualidad parlamentaria tras la reciente condena del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, lo que ha intensificado las críticas sobre el modelo de nombramiento y la independencia del órgano.
La salida de Segarra inició una fase de cambios en la cúpula fiscal que, según fuentes jurídicas, ha estado marcada por una mayor alineación de los sucesivos fiscales generales con las tesis del Gobierno. El relevo de 2020 es interpretado ahora como el primer síntoma de un cambio de modelo en la relación entre la jefatura del Ministerio Público y el Palacio de la Moncloa.
