El Gobierno registra 1,2 millones de inmigrantes en situación irregular con acceso al sistema sanitario

El Gobierno de España ha cuantificado en 1.224.576 el número de inmigrantes en situación irregular que cuentan con acceso a la sanidad pública, según consta en la memoria económica del Real Decreto 180/2026. Esta cifra, que servirá de base para calcular el impacto de la nueva normativa sanitaria, ha sido integrada en la fase final de tramitación administrativa del texto que regula el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el nuevo Reglamento de Extranjería y el Real Decreto 180/2026, tras incorporar las valoraciones del Consejo de Estado. La norma fija en 24,3 millones de euros anuales las cargas administrativas asociadas a la gestión de este derecho. El documento establece un marco común para todas las comunidades autónomas, introduciendo herramientas como la declaración responsable y un documento acreditativo que, a diferencia de la normativa anterior, no tendrá fecha de caducidad.

La publicación de este registro coincide con la puesta en marcha de una regularización extraordinaria, considerada la de mayor alcance en las últimas dos décadas. El Ejecutivo permitirá que los extranjeros que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 soliciten autorizaciones de residencia y trabajo entre el mes de abril y el 30 de junio de ese mismo año. Para acceder a este proceso, los solicitantes deberán acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en territorio nacional y carecer de antecedentes penales.

Existe una disparidad entre los datos del sistema sanitario y las estimaciones iniciales del plan de regularización, que situaban en 500.000 el número de personas potencialmente beneficiarias. La diferencia responde a la naturaleza de las fuentes: mientras la regularización se basa en proyecciones, la cifra de 1,2 millones proviene de los registros administrativos generados por la actividad asistencial de las comunidades autónomas desde la aprobación de la Ley 7/2018 de universalidad del Sistema Nacional de Salud.

El circuito administrativo actual permite la identificación de estos usuarios mediante la asignación de un Código de Identificación Personal Autonómico (CIPA) y su posterior integración en la Base de Datos de Población Protegida del Estado bajo el denominado Título 85. No obstante, la memoria del decreto precisa que este registro no equivale estrictamente a la población residente efectiva, ya que puede incluir duplicidades o registros de personas que ya no se encuentran en el país, debido a que el sistema carecía hasta ahora de mecanismos de actualización automática.

En el ámbito parlamentario, la norma ha generado posiciones encontradas. El Ejecutivo defiende el decreto como un hito legislativo que responde a necesidades socioeconómicas y unifica criterios en todo el territorio nacional. Por su parte, sectores de la oposición han manifestado su intención de presentar recursos contra la normativa, cuestionando tanto el procedimiento administrativo como el alcance de la regularización masiva vinculada al nuevo marco legal.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 180/2026, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), deberán coordinar la identificación y registro sistemático de los beneficiarios. El nuevo modelo de gestión busca dotar de mayor estabilidad al sistema, eliminando la obligatoriedad de renovaciones periódicas y centralizando la información para optimizar el seguimiento asistencial de la población extranjera no registrada ni autorizada.