Sánchez solicita explicaciones a Feijóo ante las acusaciones de Koldo García sobre una presunta oferta económica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado formalmente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a ofrecer aclaraciones institucionales tras las declaraciones realizadas por Koldo García. El exasesor del Ministerio de Transportes afirmó este jueves en la Cadena SER que un abogado vinculado a la formación de la oposición le habría ofrecido un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de facilitar información dirigida a comprometer la estabilidad del Ejecutivo central.

Durante la rueda de prensa posterior a la clausura de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, el jefe del Ejecutivo calificó las acusaciones de «muy graves». Sánchez subrayó la necesidad de que el Partido Popular rinda cuentas ante la opinión pública con la misma diligencia que suele exigir al Gobierno, señalando que, ante la magnitud de los hechos denunciados, la comparecencia de Núñez Feijóo resulta necesaria para esclarecer la postura de su partido.

En el ámbito orgánico, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha confirmado que sus equipos jurídicos se encuentran analizando la posibilidad de emprender acciones legales. La intención de la formación es que se inicie una investigación que determine la veracidad de los testimonios de García, quien fuera colaborador directo del exministro José Luis Ábalos, y que apuntan a una presunta maniobra para influir en procesos judiciales mediante compensaciones económicas.

Por su parte, fuentes oficiales del Partido Popular han desmentido de forma categórica las afirmaciones del exasesor, calificándolas de «absolutamente falsas». Sin embargo, desde el entorno de la Presidencia del Gobierno consideran que esta respuesta es insuficiente. Argumentan que la gravedad de los hechos, que sugieren una posible mediación de personas interpuestas para alterar testimonios judiciales, requiere una explicación detallada de la cúpula del principal partido de la oposición.

El Ejecutivo ha manifestado su preocupación ante lo que consideran un intento de desestabilización institucional. Según fuentes gubernamentales, las acusaciones de García no solo afectan al debate político, sino que cuestionan la integridad de los procedimientos de fiscalización al Gobierno si se confirma el uso de incentivos económicos para condicionar declaraciones ante la justicia. El caso permanece ahora a la espera de posibles avances en la vía judicial que ha comenzado a explorar el PSOE.