Sánchez otorga la Orden del Mérito Civil a la relatora de la ONU Francesca Albanese

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este jueves la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos. El acto, celebrado en el Palacio de la Moncloa, ha servido para reconocer, en palabras del Ejecutivo, la labor de la jurista en la documentación y denuncia de las violaciones del derecho internacional en la Franja de Gaza.

Durante la recepción oficial, Sánchez y Albanese han coincidido en la necesidad de defender una aplicación ecuánime del derecho internacional y de garantizar la independencia de las instituciones multilaterales. Según ha informado el Gobierno, el encuentro ha permitido abordar la situación actual en Palestina, subrayando la urgencia de alcanzar un cese inmediato de la violencia y de avanzar en la construcción de una paz duradera basada en la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales.

Este reconocimiento se produce un día después de que el jefe del Ejecutivo español remitiera una carta formal a la Comisión Europea. En dicha misiva, Sánchez solicitó la activación del denominado Estatuto de bloqueo, una herramienta jurídica de la Unión Europea diseñada para dejar sin efecto las sanciones impuestas por terceros países. El objetivo de esta petición es neutralizar las sanciones de Estados Unidos dirigidas contra la propia Albanese y contra diversos magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI).

La entrega de la condecoración reafirma la posición diplomática de España respecto al conflicto en Oriente Próximo y su respaldo a los mecanismos de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas. La labor de Albanese, que ha sido objeto de debate internacional en los últimos meses, es valorada por el Ejecutivo español como una pieza clave en la fiscalización de la crisis humanitaria y el cumplimiento de las normativas de guerra vigentes.

Con este gesto institucional, el Gobierno español refuerza su demanda de un papel activo de la comunidad internacional en la protección de las poblaciones civiles y en el sostenimiento de la arquitectura jurídica global que representa la Corte Penal Internacional frente a presiones externas.