El Gobierno vasco concede el tercer grado penitenciario al preso de ETA Henri Parot
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha aprobado este miércoles la progresión al tercer grado penitenciario de Henri Parot, uno de los miembros de la organización terrorista ETA con mayor historial delictivo. La decisión del Ejecutivo autonómico, compuesto por la coalición PNV-PSE, supone un avance en la situación penal del recluso, quien hasta ahora se encontraba clasificado en segundo grado bajo la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Henri Parot suma un total de 39 condenas por asesinato y 82 imputaciones, con penas que acumulan más de 4.800 años de prisión por su participación en atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza. Con esta medida, Parot se encamina hacia un régimen de semilibertad tras haber sido acercado a cárceles del País Vasco hace cinco años desde el centro penitenciario de El Puerto de Santa María, en Cádiz.
Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias en materia de prisiones, la gestión de la política penitenciaria ha registrado 124 progresiones a tercer grado para presos de ETA, además de 28 aplicaciones del artículo 100.2 y 62 libertades condicionales. Según los datos del observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), actualmente solo permanecen 32 presos de la banda terrorista en régimen ordinario en el conjunto de las cárceles españolas.
La AVT ha manifestado su rechazo a esta resolución, instando a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a que recurra la decisión ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. La asociación vincula estas medidas a una supuesta hoja de ruta política derivada de la dependencia parlamentaria del Gobierno central respecto a EH Bildu. «No vamos a normalizar lo que está ocurriendo», han señalado fuentes de la organización, que consideran estos movimientos como un paso previo a la excarcelación definitiva.
Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha calificado la concesión del beneficio como una «amnistía encubierta». Su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha criticado que no se exija un arrepentimiento real ni una condena inequívoca de los crímenes cometidos para acceder a estas mejoras en el régimen de reclusión. Covite advierte que el tercer grado suele derivar en el uso del artículo 86 del reglamento, que permite el control telemático fuera de las instalaciones penitenciarias.
El debate sobre la política de reinserción y el vaciado de las cárceles vascas continúa siendo uno de los puntos de mayor fricción entre el Ejecutivo, las asociaciones de víctimas y la oposición parlamentaria. Mientras el Gobierno vasco defiende la legalidad de los procedimientos y el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte de las juntas de tratamiento, los colectivos de víctimas denuncian un «final negociado» que afecta directamente a la memoria y dignidad de los damnificados por el terrorismo.
