Víctimas del terrorismo denuncian el uso «fraudulento» de beneficios penitenciarios para presos de ETA
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han alertado sobre lo que califican como una aplicación irregular de los beneficios penitenciarios y los terceros grados otorgados a condenados de la organización terrorista ETA. Según las organizaciones, se está produciendo una oleada de excarcelaciones mediante mecanismos que consideran «fraudulentos» para cumplir con los objetivos de impunidad de la izquierda abertzale, obviando la exigencia de un arrepentimiento real y efectivo.
La denuncia de estos colectivos se produce en un contexto de debate público tras el reciente encuentro televisado entre Fernando Garrido, hijo de una familia asesinada por ETA, y José Miguel Latasa, uno de los responsables del crimen. Para Covite, este caso concreto ejemplifica el «arrepentimiento verdadero», definido como el reconocimiento sin ambigüedades del daño causado, la petición de perdón y la ruptura pública con el proyecto totalitario de la banda. Sin embargo, advierten que la realidad administrativa de las prisiones dista de este estándar ético y legal.
Desde el punto de vista jurídico, la AVT subraya que la normativa vigente exige que los condenados por terrorismo realicen una declaración de repudio a la violencia y de petición expresa de perdón a sus víctimas para acceder al tercer grado o la libertad condicional. La abogada de la asociación, Carmen Ladrón de Guevara, señala que muchos de estos beneficios se están concediendo basados en «cartas genéricas» donde los reclusos únicamente lamentan el sufrimiento causado, evitando condenar explícitamente la trayectoria de ETA.
Especial atención recibe el uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Las asociaciones de víctimas denuncian que este apartado, diseñado para flexibilizar el cumplimiento de las penas en casos excepcionales, se ha transformado en una «vía alternativa» para aquellos presos que no cumplen los requisitos para el tercer grado. Esta fórmula permite a los condenados salir de prisión durante gran parte del día, en ocasiones más de ocho horas, lo que es interpretado por las víctimas como una «trampa» legal.
Tras la transferencia de las competencias de prisiones al Gobierno Vasco, se estima que cerca de medio centenar de presos de ETA se han beneficiado de estas medidas de flexibilización. Uno de los casos más significativos ha sido la reciente concesión del tercer grado a Henri Parot, quien acumula 39 condenas por asesinato. Actualmente, el número de terroristas de ETA que permanecen en régimen ordinario en las cárceles españolas ha descendido hasta situarse en una treintena.
Finalmente, los colectivos de víctimas han apelado a la intervención de la Justicia para revocar estas progresiones de grado que consideran injustificadas. Sostienen que el arrepentimiento no debe ser un trámite burocrático, sino una ruptura total con el entorno que todavía justifica los crímenes, señalando que la «hoja de ruta de impunidad» vigente vulnera el derecho a la justicia y la dignidad de quienes sufrieron la violencia terrorista.
