El Gobierno tramita contratos de emergencia por 8,5 millones de euros para la gestión del voto exterior
El Consejo de Ministros tiene prevista la aprobación este martes de dos contratos de emergencia que suman 8,5 millones de euros destinados a la logística y seguridad del proceso electoral para los ciudadanos españoles residentes en el extranjero (CERA). Esta inversión se divide en la adquisición de material de papelería y en la implementación de sistemas tecnológicos de identificación, en un contexto marcado por el notable incremento del censo electoral en el exterior.
La primera de estas partidas, valorada en 1,5 millones de euros, se destinará íntegramente a la compra de sobres para el envío de la documentación electoral a los consulados y domicilios de los electores. Según fuentes gubernamentales, el mayor volumen de este suministro se dirigirá a Argentina, país que concentra la mayor comunidad española fuera de las fronteras nacionales, con una previsión de 550.000 sobres para cubrir el aumento de inscritos en dicha demarcación.
Paralelamente, el Ejecutivo tramitará un contrato de siete millones de euros, a cargo del Ministerio del Interior, para el alquiler de dispositivos lectores de la versión digital del DNI. Esta medida responde a los requerimientos técnicos de la Junta Electoral Central (JEC), que ha instado al Gobierno a reforzar las garantías de seguridad en la identificación de los votantes tras las reclamaciones de diversas formaciones políticas sobre la fiabilidad del sistema digital.
El despliegue de estos recursos se produce ante un censo CERA que alcanza actualmente los 2.769.645 ciudadanos, lo que representa un aumento significativo frente a los 2,3 millones registrados en los comicios de 2023. Este crecimiento se vincula directamente a la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos», que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de residentes en el extranjero.
La gestión de este proceso se encuentra bajo la supervisión de los organismos electorales y ha generado debate en el ámbito parlamentario y judicial. El Tribunal Supremo ha recibido impugnaciones relativas a las instrucciones de aplicación de la citada ley, mientras que la Junta Electoral Central mantiene su exigencia de implementar sistemas de control, como códigos QR, para asegurar que la identificación de cada elector sea verificable y no manipulable.
Con estas licitaciones de emergencia, la Administración General del Estado busca adecuar los medios materiales y técnicos a la nueva realidad demográfica del censo exterior, garantizando el cumplimiento de los plazos legales para la organización de los próximos procesos electorales generales y atendiendo a las garantías de transparencia exigidas por el ordenamiento jurídico vigente.
