Vox exige la devolución de actas en Murcia tras la salida de Virginia Martínez al Grupo Mixto

La dirección nacional de Vox ha instado formalmente a los cargos electos de la Región de Murcia críticos con la gestión de Santiago Abascal a que renuncien a sus actas parlamentarias. La portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha defendido este martes que «lo lógico» es que las personas elegidas bajo las siglas del partido abandonen sus cargos si ya no comparten el proyecto político, tras conocerse que la diputada regional Virginia Martínez ha solicitado su pase al Grupo Mixto.

La decisión de Martínez de abandonar el grupo parlamentario de Vox para integrarse en el Grupo Mixto, siguiendo los pasos del anterior líder regional, José Ángel Antelo, altera significativamente el equilibrio de fuerzas en la Asamblea Regional de Murcia. Este movimiento supone la pérdida de la condición de formación «llave» para Vox en el parlamento autonómico, facilitando la aritmética parlamentaria al Partido Popular.

Con la incorporación de Martínez y Antelo al Grupo Mixto, el Ejecutivo regional del Partido Popular podría contar con los apoyos necesarios para desbloquear proyectos legislativos que hasta ahora permanecían paralizados. Entre ellos destaca la Ley de Vivienda Asequible, una normativa que contaba con la oposición técnica de la dirección nacional de Vox, pero que recientemente ha recibido el respaldo público de Antelo desde su nueva posición.

Desde la cúpula nacional de Vox han señalado que, si bien la situación no genera una preocupación excesiva, se procederá a la aplicación estricta de los estatutos internos. Fuentes de la formación han confirmado la posibilidad de abrir expedientes de expulsión, similares al ya iniciado contra Antelo, subrayando que el partido actuará conforme a sus reglamentos disciplinarios ante lo que consideran un incumplimiento del compromiso con los votantes de la formación.

En el ámbito de la política nacional, Pepa Millán también se ha referido a las negociaciones que Vox mantiene con el Partido Popular para la estabilidad de los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. La portavoz ha reiterado que la prioridad del partido es el establecimiento de medidas concretas y garantías de cumplimiento con plazos definidos, con el objetivo de asegurar legislaturas estables de cuatro años y la aprobación de presupuestos acordes a los pactos suscritos.

Durante su comparecencia, Millán ha subrayado que la «prioridad nacional» debe ser el eje rector de las políticas públicas y de los acuerdos de gobierno con los populares. En este sentido, ha sugerido la inclusión de criterios de baremación basados en la residencia y la cotización en la gestión de servicios públicos, vinculando estas propuestas a lo que define como una «cuestión de supervivencia» frente a las actuales políticas migratorias.

Finalmente, la portavoz parlamentaria ha criticado la gestión del Gobierno central respecto a la regularización de inmigrantes mediante decreto ley, acusando al Ejecutivo de eludir el debate en el Congreso de los Diputados. Vox ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo, solicitando la suspensión cautelar de dicha medida por considerar que vulnera los procedimientos legislativos ordinarios.