Yolanda Díaz insta a dotar de mayores medios a la Guardia Civil tras los incidentes en Huelva

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes la necesidad de reforzar los recursos y la seguridad de los agentes de la Guardia Civil para combatir el narcotráfico. En declaraciones previas a un desayuno informativo organizado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Díaz ha calificado las funciones del cuerpo como «clave» y ha urgido a dotar a los efectivos de «todo tipo de medios» ante la peligrosidad de las mafias organizadas.

Preguntada por la naturaleza del fallecimiento de dos agentes la pasada semana en Huelva, la ministra ha subrayado de forma tajante que los guardias civiles murieron en «acto de servicio». «No queda ninguna duda», ha sentenciado la titular de Trabajo, quien ha incidido en que la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es fundamental para que puedan desempeñar su labor con rigor y bajo condiciones de seguridad adecuadas.

En el marco de las reivindicaciones laborales de la institución, Díaz ha abogado por una modernización de los derechos de los agentes. Entre las medidas propuestas, la vicepresidenta ha destacado la necesidad de poner fin a la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles y la implementación de la jubilación anticipada. Según ha explicado, estas reformas son esenciales para que España avance en la consolidación de derechos laborales dentro de sus instituciones democráticas.

Por otro lado, la vicepresidenta se ha pronunciado sobre la suspensión cautelar de las acreditaciones de prensa en el Congreso de los Diputados para Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Díaz ha manifestado que esta decisión «debería haberse adoptado mucho antes» y ha instado a seguir implementando medidas para evitar comportamientos que ha descrito como de «presunto acoso» hacia diputados y periodistas en la Cámara Baja.

Para la ministra de Trabajo, el mantenimiento de ciertos niveles de crispación y actitudes hostiles en el entorno parlamentario resulta «intolerable» en una democracia. En este sentido, ha apelado a la protección de la labor informativa y del decoro institucional para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado.