El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene previsto informar formalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que las joyas halladas el pasado mes de mayo en su despacho de la calle Ferraz proceden de un regalo institucional del fallecido rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. Según han confirmado fuentes de su entorno, el exlíder socialista reconocerá que el lote de piezas de alta joyería fue entregado durante la visita de Estado que el monarca saudí realizó a España en junio de 2007.
El origen de los bienes se sitúa cronológicamente en la recepción oficial celebrada en el Palacio de El Pardo, coincidiendo con la imposición del Toisón de Oro al monarca árabe. Con esta declaración, la defensa de Zapatero pretende descartar la existencia de un presunto delito de contrabando, al acreditarse que las piezas —tasadas por la casa Ansorena en un valor total de 1.323.915 euros— entraron en territorio nacional como parte del ajuar de la delegación regia saudí.
La diligencia judicial se encuentra actualmente pendiente de un trámite burocrático internacional. Aunque Zapatero manifestó inicialmente su disposición a declarar en un plazo breve, las autoridades de Riad han solicitado que cualquier documentación acreditativa sobre los obsequios sea tramitada mediante una comisión rogatoria. Este procedimiento requiere la intervención directa del Ejecutivo central, que debe canalizar la petición judicial a través de los cauces diplomáticos, lo que podría demorar la incorporación definitiva de las pruebas a la causa entre tres y seis meses.
El lote incautado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el registro del despacho incluye collares y pulseras de diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, además de diversos relojes de alta gama y otras piezas de orfebrería. En intervenciones públicas anteriores, el expresidente había calificado estas dádivas como «regalos de cortesía personal» recibidos hace años, eludiendo precisar el país emisor y negando cualquier ánimo de enriquecimiento patrimonial derivado de su actividad política.
Desde el punto de vista jurídico, el reconocimiento de la autoría del regalo plantea interrogantes sobre el cumplimiento de la normativa vigente en 2007. En abril de aquel año entró en vigor la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que estipula que los responsables públicos deben rechazar cualquier regalo que supere los usos habituales o de cortesía. Asimismo, el Código Penal, en su artículo 422, tipifica la aceptación de dádivas entregadas en consideración al cargo, si bien fuentes jurídicas señalan que cualquier eventual responsabilidad penal podría haber prescrito dado el tiempo transcurrido desde la recepción de las joyas.
La investigación sobre esta pieza separada se inició tras la ausencia de rastro documental o notificaciones a la Hacienda Pública sobre la existencia de estos bienes en la caja fuerte del despacho. Hasta el momento, la defensa había atribuido la presencia de las joyas a herencias familiares y recuerdos de viajes, justificando su ubicación en la oficina de la calle Ferraz por la mudanza del matrimonio Zapatero-Espinosa a una vivienda de alquiler que carecía de medidas de seguridad adecuadas.
