El Tribunal Supremo analiza la suspensión cautelar de los efectos electorales de la ‘ley de nietos’

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebra este lunes, 7 de septiembre de 2026, dos vistas orales para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox contra la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Los recurrentes solicitan la suspensión provisional de las altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nuevos nacionalizados bajo la denominada «ley de nietos».

El Alto Tribunal ha justificado la convocatoria de estas vistas públicas dada la relevancia y el alcance de las cuestiones jurídicas planteadas. El objeto del debate no es la anulación de la norma ni la retirada de nacionalidades ya concedidas, sino la paralización de la incorporación de nuevos electores al censo mientras se sustancia el recurso principal. La decisión que adopte la Sala afectará exclusivamente a la vigencia de estas medidas provisionales y no resolverá, por el momento, el fondo de la impugnación.

Los recurrentes argumentan que el incremento masivo de inscritos en el CERA podría generar efectos irreversibles de cara a los próximos procesos electorales, especialmente ante el cierre del censo para los comicios autonómicos de 2027. Según los datos presentados, el número de electores residentes en el extranjero ha alcanzado los 2.736.522 a fecha de julio de 2026, lo que representa el 7,11% del total nacional. Las formaciones demandantes solicitan identificar estas altas por separado y verificar la legalidad de los expedientes tramitados.

En el procedimiento figuran como codemandados el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, junto al Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante la vista, los representantes legales de las partes dispondrán de un tiempo tasado para exponer sus alegaciones. Entre los puntos críticos señalados por la acusación destaca la división interna en la Junta Electoral Central (JEC) respecto a la instrucción de octubre de 2022, que regula la aplicación de la ley, y si esta excede las competencias otorgadas por la Ley de Memoria Democrática.

El impacto demográfico del actual proceso de nacionalización es especialmente notable en circunscripciones como Madrid, donde el censo exterior concentra ya a 422.732 electores, equivalente al 14,9% de su censo total. Asimismo, informes periciales aportados a la causa advierten de que 162 municipios españoles cuentan ya con más electores inscritos en el extranjero que residentes en la propia localidad, una tendencia que podría incrementarse dado que más de un millón de expedientes permanecen aún en fase de tramitación en consulados y registros.

Desde la entrada en vigor de la norma en 2022, se han contabilizado más de 545.000 nuevos beneficiarios de la nacionalidad española. Los servicios jurídicos del Estado y el INE deberán defender la legalidad del procedimiento de inscripción censal automática frente a las dudas sobre la capacidad de supervisión y fiscalización de la Administración Electoral en el extranjero. El Tribunal Supremo deberá determinar ahora si existe una «apariencia de buen derecho» en las reclamaciones que justifique la suspensión cautelar de los efectos censales.