La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, han formalizado un acuerdo de asociación estratégica que otorga el control de importantes reservas petroleras a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep). El pacto, revelado recientemente, contempla una inversión inicial de 1.000 millones de dólares para la reactivación de pozos y la elevación de la producción de crudo convencional en territorio venezolano.
El documento, que consta de 18 páginas, fue suscrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según los términos establecidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adquirirá el 35% de las acciones de Nabep, una compañía registrada en Barbados y dirigida por el empresario Alejandro Betancourt. El acuerdo garantiza a Washington prioridad absoluta para la compra de la producción petrolera durante los próximos 50 años y un descuento del 20% respecto a los precios de mercado.
Esta alianza estratégica se enmarca en una transición hacia un modelo económico de libertades relativas bajo restricciones políticas, similar a los esquemas de gestión observados en China, Vietnam o Rusia. Bajo esta estructura, el fortalecimiento de grupos económicos emergentes vinculados al poder político permite la ejecución de negocios en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la energía, operando con limitados mecanismos de rendición de cuentas o supervisión de la opinión pública.
La designación de Alejandro Betancourt como figura central del acuerdo ha suscitado críticas en el Congreso de Estados Unidos y entre sectores de la oposición venezolana. El empresario ha sido mencionado en investigaciones judiciales en España, Suiza y el Reino Unido por presuntas irregularidades financieras, aunque sus portavoces oficiales sostienen que no ha sido acusado formalmente de ningún delito y que las señalizaciones carecen de fundamento legal.
Desde una perspectiva técnica y legal, expertos petroleros y organizaciones civiles han advertido sobre la posible inconstitucionalidad del pacto. El acuerdo compromete aproximadamente 65.000 millones de barriles en reservas de petróleo y establece un «cortafuegos corporativo» que dificulta que futuros gobiernos de ambos países puedan modificar o desmantelar la estructura de Nabep. Asimismo, se señala que los beneficios para el Estado venezolano y su población son marginales en comparación con las prerrogativas otorgadas a la potencia extranjera.
En la actualidad, la operatividad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se ha visto reducida sustancialmente. Informes técnicos indican que la estatal maneja directamente solo el 12% de la producción nacional, estimada en 981.000 barriles por día. El volumen restante es gestionado por empresas privadas, donde destacan la estadounidense Chevron con 275.000 bpd y Nabep con 155.000 bpd, mientras que otras firmas internacionales como la española Repsol mantienen una participación de 40.000 bpd.
Mercedes de Freitas, directora de la organización Transparencia Venezuela, señaló que la opinión pública identifica la corrupción como el principal problema del país, por encima de las deficiencias en el sector eléctrico o la crisis económica general. Según la organización, existe una demanda ciudadana creciente por procesos electorales transparentes que permitan restaurar la institucionalidad y el control democrático sobre los recursos naturales de la nación.
