El FC Barcelona mantiene sin provisionar el ‘caso Negreira’ en sus cuentas de 2026 al calificar el riesgo de «remoto»

La junta directiva del FC Barcelona, presidida por Joan Laporta, ha decidido no realizar dotaciones económicas ni provisiones para afrontar posibles contingencias derivadas del ‘caso Negreira’ en sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2026. Según el informe de auditoría y gestión consolidado de la entidad a fecha de 30 de junio de 2026, el club mantiene la calificación de riesgo como «remoto», a pesar de que el procedimiento judicial continúa abierto por presuntos delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental.

Esta estrategia contable será presentada ante la Asamblea General de Socios Compromisarios el próximo 19 de septiembre de 2026 para la aprobación de los estados financieros. El documento oficial sostiene que, a juicio del Área Legal y del departamento de Compliance, no existen actualmente elementos suficientes para evaluar una posible contingencia económica o deportiva negativa. La entidad fundamenta esta posición en que, según su criterio, de las pruebas practicadas en el juzgado de instrucción no se desprenden indicios de delito que justifiquen una reserva de fondos.

La postura de la dirección blaugrana se produce en un contexto de intensa vigilancia internacional. Organismos como la FIFA y la UEFA mantienen investigaciones activas basadas, entre otros elementos, en el informe anónimo «Pelícano 2.0», un documento de 179 páginas que detalla presuntas irregularidades disciplinarias y fiscales. Además, persiste la incertidumbre sobre si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha certificado ante la UEFA la ausencia de involucración del club en casos de corrupción, un requisito normativo indispensable para la participación en competiciones europeas.

En el ámbito judicial nacional, el sumario recoge informes de la Guardia Civil que certifican el pago de 8,3 millones de euros a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre los años 2001 y 2018. Las pesquisas policiales remitidas al juzgado de instrucción han concluido que no ha quedado acreditada la prestación de servicios de asesoramiento arbitral real por parte de las sociedades vinculadas a Negreira. Asimismo, los investigadores señalaron la ausencia de registros de estos informes en el cuerpo técnico del club durante el periodo 2014-2018.

El criterio de la junta directiva respecto a la memoria contable de 2026 guarda continuidad con los ejercicios anteriores, a pesar de las declaraciones prestadas ante el juez por los últimos cuatro presidentes de la entidad y por el hijo de Enríquez Negreira. No obstante, esta estimación de riesgo «remoto» contrasta con las actuaciones previas ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), donde el club llegó a firmar actas en conformidad por un millón de euros y en disconformidad por quince millones de euros por el tratamiento fiscal de las retribuciones a las empresas investigadas.

Con la formulación de estas cuentas, el FC Barcelona asume que no habrá novedades judiciales determinantes antes del cierre del proceso que obliguen a una reformulación de sus activos o a una dotación por responsabilidades. La decisión traslada al futuro dictamen de los tribunales la resolución de una incertidumbre que, por el momento, la entidad declina reflejar como un pasivo probable en sus estados de ejecución financiera.