Fernández Díaz y Francisco Martínez encaran su declaración en el juicio del caso Kitchen ante el debilitamiento de pruebas clave

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, comparecerán esta semana ante la Audiencia Nacional para responder en el interrogatorio del juicio por el denominado caso Kitchen. La cúpula del Ministerio durante la etapa de Mariano Rajoy se enfrenta a peticiones de pena de hasta 15 años de prisión, bajo la acusación de haber orquestado una operación parapolicial ilegal para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

La comparecencia de los dos principales responsables políticos encausados llega en un momento de alivio para sus defensas, después de que diversas testificales practicadas en las últimas sesiones hayan cuestionado la solidez de las pruebas de cargo. La Fiscalía sostiene que el objetivo del operativo era recuperar documentación comprometedora sobre la contabilidad paralela del PP para evitar que llegara a manos de la justicia, utilizando para ello fondos reservados y efectivos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).

Uno de los pilares de la acusación contra Fernández Díaz, un intercambio de mensajes SMS protocolizados ante notario por su entonces «número dos», ha sido puesto en duda por peritos y por los propios notarios. En sede judicial, los fedatarios públicos señalaron que no es posible acreditar la huella digital de dichos mensajes ni confirmar que el emisor fuera el terminal del exministro. Por su parte, un perito propuesto por la defensa de Fernández Díaz advirtió sobre indicios de manipulación e incongruencias morfológicas en los pantallazos que figuran en las actas.

A esta incertidumbre técnica se suman las contradicciones en el testimonio del comisario Enrique García Castaño, alias «El Gordo», cuyas declaraciones en fase de instrucción son fundamentales para el Ministerio Público. La sala ha reproducido íntegramente sus comparecencias previas, en las que el mando policial varió su versión hasta en seis ocasiones. Si bien inicialmente negó irregularidades, terminó señalando que la misión fue coordinada por el Ministerio del Interior para sustraer discos duros sobre la financiación del partido.

Sin embargo, varios agentes de la UCAO han desmentido ante el tribunal extremos clave del relato de García Castaño. En particular, negaron haber acudido al despacho del secretario de Estado para entregar material volcado de los dispositivos de Bárcenas. Según la versión de estos funcionarios, sus visitas a la Secretaría de Estado se debieron a cuestiones técnicas ajenas a la trama, como la gestión de un indexador de datos o problemas con un buscador en operaciones bajo secreto judicial.

La integridad de la documentación aportada a la causa también ha sido objeto de debate. El agente responsable de realizar el volcado de los teléfonos de Bárcenas explicó que el informe de 64 páginas entregado en formato papel no permite garantizar su trazabilidad ni su integridad. Según el testigo, el formato PDF impreso impide verificar si faltan páginas, si se han alterado fechas o si el contenido ha sido manipulado, algo que solo podría certificarse mediante el acceso al dispositivo original o al archivo técnico «portable».

En contraste con estas dudas, el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, mantuvo durante su testifical que existió una estructura organizada para torpedear sus pesquisas. Morocho denunció presiones por parte de la cúpula policial para eliminar nombres de altos cargos públicos, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, de los informes relativos a los denominados «papeles de Bárcenas», vinculando el espionaje a la familia del extesorero con una estrategia de obstrucción a la justicia.