El Parlamento de Francia se dispone a sancionar la ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años
El Parlamento de Francia tiene previsto aprobar este martes de forma definitiva la legislación que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La iniciativa legislativa, impulsada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, se fundamenta en la necesidad de reforzar la protección de la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes en el entorno digital.
El procedimiento parlamentario contempla una primera votación en el Senado durante la tarde de hoy, seguida de la ratificación final en la Asamblea Nacional. Según las previsiones institucionales, se espera que ambas cámaras brinden un apoyo mayoritario al texto, consolidando así una de las regulaciones sobre plataformas digitales más restrictivas de la Unión Europea.
La entrada en vigor de la normativa se ha diseñado bajo un esquema cronológico diferenciado. Para las nuevas cuentas que se creen en las plataformas afectadas, la prohibición será efectiva a partir del próximo 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar. Por su parte, los perfiles ya existentes dispondrán de un periodo transitorio de adaptación, por lo que la restricción comenzará a aplicarse de manera integral el 1 de enero de 2027.
Desde el Elíseo, el presidente Macron ha defendido la celeridad de esta medida como un componente esencial de la estrategia nacional para limitar la exposición de los menores a los riesgos asociados al uso intensivo de las redes sociales. El Ejecutivo sostiene que la limitación es una respuesta necesaria ante el incremento de patologías vinculadas a la salud mental y el acoso en línea en edades tempranas.
Con la aprobación de esta ley, Francia se sitúa a la vanguardia de la regulación digital en el continente europeo. A nivel global, el país sigue los pasos de Australia, que recientemente se convirtió en la primera nación en adoptar una restricción similar, aunque establecida en este caso para los menores de 16 años.
La sesión legislativa de esta jornada cierra un proceso de debate parlamentario que busca establecer un marco jurídico sólido para la protección de la infancia, obligando a las empresas tecnológicas a implementar mecanismos de verificación de edad más estrictos y eficaces.


