La Guardia Civil ratifica la integridad de las pruebas digitales en el juicio contra Ábalos y Koldo García
En una nueva jornada de testificales ante el Tribunal Supremo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado la validez técnica de los informes y atestados que conforman el procedimiento contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Los investigadores han descartado cualquier posibilidad de manipulación en el volcado de los dispositivos electrónicos intervenidos y han justificado el uso de la fuerza en las detenciones por motivos de seguridad.
El teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad de Delincuencia de la UCO, encabezó la comparecencia de los agentes responsables de los registros y el tratamiento de las pruebas. Según el testimonio de los efectivos policiales, los protocolos técnicos de custodia y extracción de datos de teléfonos móviles y discos duros se cumplieron con rigor. Ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes calificaron como «imposible» la alteración remota o física de las evidencias digitales, subrayando que la posibilidad de manipular el material es «cero» debido al uso de medidas como las bolsas Faraday, que aíslan los dispositivos de señales externas.
La declaración técnica responde a la estrategia de las defensas, que han buscado impugnar la validez del material audiovisual y documental alegando supuestos incumplimientos en la cadena de custodia. Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, centró su interrogatorio en un pendrive hallado en el domicilio de Koldo García en Polop de la Marina. Los agentes confirmaron que dicho dispositivo contenía conversaciones que comprometerían al exministro, justificando su presencia por la estrecha relación laboral y de gestión que mantenía García con el entonces titular de Transportes.
Durante la sesión, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, cuestionó la proporcionalidad de la entrada en la vivienda de su cliente, calificándola de «violenta» y señalando la presencia de un menor en el inmueble. La UCO justificó la intervención de la Unidad Especial de Intervención basándose en interceptaciones telefónicas previas. Según el relato policial, García habría manifestado en una conversación su intención de «liarse a tiros» ante una eventual complicación de su situación, lo que motivó el despliegue de seguridad para garantizar la integridad de los agentes y de los propios habitantes de la vivienda.
Finalmente, los agentes negaron haber mantenido reuniones previas con el Ministerio Fiscal para preparar su declaración, así como cualquier vínculo de colaboración o condición de confidente por parte de Koldo García con miembros de la Guardia Civil. También rechazaron la instalación de software de cifrado o aplicaciones blindadas en los terminales intervenidos por parte de las fuerzas de seguridad, manteniendo la estanqueidad de las pruebas presentadas ante la Sala.
