La Fiscalía Anticorrupción ha avalado la veracidad de las manifestaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública. En un escrito remitido a la justicia, el fiscal jefe Alejandro Luzón sostiene que los testimonios del empresario acerca del pago de comisiones ilegales «se han visto corroborados por otros elementos probatorios», lo que refuerza las líneas de investigación seguidas por la Audiencia Nacional.
Este pronunciamiento del Ministerio Público se produce en respuesta al recurso presentado por Manuel Contreras Caro, presidente del Grupo Azvi. Contreras pretendía obtener la licencia necesaria para querellarse contra Aldama por los delitos de injurias y calumnias, tras las declaraciones en las que el empresario implicaba a la constructora en la supuesta trama de mordidas. Anticorrupción rechaza esta pretensión argumentando que, en la fase actual de instrucción, no se puede concluir que las afirmaciones de Aldama sean falsas.
El fiscal Luzón destaca que la investigación sobre el presunto pago de gratificaciones a cambio de contratos ferroviarios continúa bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 2. Asimismo, el escrito judicial introduce un matiz relevante sobre la situación procesal de Manuel Contreras, indicando que «de momento» no ostenta la condición de investigado. Esta precisión es interpretada en ámbitos judiciales como una advertencia sobre posibles cambios en su estatus conforme avancen las diligencias y el análisis de las pruebas recabadas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centra parte de sus pesquisas en varios contratos de ADIF, específicamente los relacionados con la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en su tramo por Adamuz (Córdoba). Las investigaciones sospechan de una operativa en la que se habrían utilizado materiales de menor coste a los presupuestados para generar márgenes de beneficio destinados al pago de comisiones. Las fechas de tramitación de estos expedientes coinciden con la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía se encuentran las anotaciones en la agenda de Koldo García, exasesor del ministro Ábalos. En los documentos analizados por los investigadores figuran menciones explícitas a la compañía bajo la nomenclatura «AZBI», situadas en fechas críticas de la adjudicación de los contratos en mayo y junio de 2021. La proximidad temporal entre estas anotaciones y la apertura de ofertas económicas es uno de los indicios que el Ministerio Público considera determinantes para dar credibilidad al relato de Aldama.
Además de la coincidencia cronológica, el sumario recoge audios y conversaciones donde se alude a pagos y facturas de 6.000 euros vinculados a la constructora. Grupo Azvi, que también participó en el proyecto del Tren Maya en México, contrató a Koldo García como asesor para sus operaciones en Latinoamérica tras su salida del Gobierno. No obstante, la Fiscalía investiga si los vínculos entre la empresa y el entorno del Ministerio existían de forma previa y si se articularon a través de una red de adjudicaciones presuntamente amañadas.
Finalmente, el escrito de Anticorrupción subraya que la veracidad de las acusaciones de Aldama cuenta con una corroboración provisional propia de la fase de instrucción, lo que impide el ejercicio de acciones penales por calumnias contra el empresario en este momento. La investigación prosigue con el objetivo de esclarecer si las reuniones documentadas entre directivos de la constructora y altos cargos del organismo de Carreteras influyeron de manera ilícita en la obtención de contratos públicos.
